Retroceder no es una opción

Las políticas ambientales deben trascender las gestiones de turno gubernamentales. Estamos en un momento histórico que nos pone a prueba y que exige acciones decisivas y continuas.

 

Por: María Sofía Muratore

 

Como todos los años, durante el mes de enero, se celebra en Davos, la reunión anual del Foro Económico Mundial, (WEF, por sus siglas en inglés), en la que asisten los principales líderes del mundo, tanto a nivel público como privado. Esta conferencia de gran envergadura suele marcar los principales lineamientos a nivel económico y político para responder a los desafíos que se enfrenta el mundo en el año corriente.

 

La crisis climática sigue marcando presencia en la agenda global, y es uno de los temas de discusión de mayor relevancia para los participantes. De hecho, en esta oportunidad, los principales actores de la economía mundial se comprometieron a establecer un plan en concreto, y urgente, para frenar los avances del cambio climático y los impactos que conlleva para el planeta.

 

Es verdad  que estas afirmaciones parecieran ser compromisos que se firman en vano año tras año. En el evento, los líderes gubernamentales y empresariales sostuvieron la necesidad de consolidar y establecer alianzas hacia políticas sostenibles, cuyos fines promuevan inversiones significativas en energía solar, eólica e hidroeléctrica, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

A su vez, se reivindicó la necesidad de proclamar el valor de conservar los ecosistemas naturales, como los bosques y los océanos, para mitigar el calentamiento global, aludiendo de esta forma a la protección de la biodiversidad y la promoción de prácticas responsables en la agricultura y la pesca. Por último, se mencionó la relevancia de incitar a la economía circular y la reducción del uso de plásticos y otros materiales contaminantes, y la necesidad de impulsar la innovación en diseño sostenible.

Ahora bien, ¿cómo puede ser que la agenda internacional promueva avances significativos en materia ambiental y en América Latina aún se discuta si continuar o no con políticas ambientales? Los cambios de gobiernos, y las crisis socioeconómicas que aquejan a la región obligan a sus gobernantes a revaluar decisiones establecidas de sus antecesores. Pero… ¿las políticas ambientales no deberían de trascender las gestiones? ¿Cuáles son las consecuencias de “volver para atrás”?

 

Políticas de Estado vs. políticas de Gobierno

En primer lugar debemos comprender que en ocasiones se habla de políticas de Estado para dar relevancia a una temática, y al mismo tiempo, facilitar la permanencia en la agenda política. Por su parte, los temas ambientales reúnen las características para establecerse como una política de Estado, tanto por su trascendencia, como así también por su importancia de carácter más urgente. De hecho, Marcelo J. Cousillas, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de la República y Universidad de Montevideo, y gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, establece que la diferenciación entre ambos conceptos no tiene límites tan claros, visto que no hay una norma que trace la distinción entre una política de gobierno y una de Estado. No obstante, el especialista, decide remarcar que la diferencia radica en el impacto y la temporalidad de las soluciones a establecer: “Las políticas de Estado son más generales, son más relevantes, atañen a problemas que no son coyunturales, y deben de trascender una administración, no solo por sus efectos, sino porque las soluciones requieren de medidas de corto y mediano plazo, como así también, de largo plazo. Las políticas de Estado deben ser producto de un consenso mayor, no se elaboran de un día para otro, ni responden a una administración”.

 

Diseño de políticas ambientales para perdurar en el tiempo

Cousillas destaca que las políticas ambientales deberían de tener componentes de políticas de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Toda política que busque trascender debe estar fundada en principios, en este caso ambientales, cuyas base estructural sea la ley. De esta forma, no importa los cambios que se puedan dar en las administraciones. ya que existe una reglamentación que las ampara.

 

 

Por su parte, Daniel Ryan, Director de la maestría en Análisis de Políticas del ITBA, coincide con lo establecido, y establece que es correcto afirmar que hay una serie de principios de derecho y política ambiental fundamentales, los cuales están incorporados en numerosos acuerdos internacionales y en las legislaciones nacionales de la mayoría de los países de la región. Es así que destaca dos principios que considera que son valiosos para alcanzar un “enfoque integral y de largo plazo de la protección ambiental”. “El primero es el principio de sostenibilidad, que parte de reconocer la idea de que la naturaleza tiene límites y plantea que el uso de los recursos naturales debe realizarse reconociendo estos límites. De forma tal de poder atender las necesidades de las generaciones presentes como futuras”, explica Ryan.

 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Cousillas, decide clarificar el “concepto de desarrollo sostenible” para poder comprender la magnitud de una política ambiental. Adjudicando a que cuando se establece una política ambiental, la solución está en comprender que existe un cambio de paradigma en el desarrollo. Es así que los temas ambientales, junto con la perspectiva social y económica, favorecen a la evolución de las sociedades, dejando en evidencia la necesidad de establecer medidas de largo plazo, relacionadas a estos aspectos, para alcanzar impactos positivos en sistemas emergentes, y soluciones sistémicas a sus principales desafíos.

Por último, Ryan agrega un segundo principio, para poder diseñar una política ambiental a largo plazo: la participación pública. Visto que para Ryan está directamente vinculada con la gobernanza, con la forma en que se toman e implementan las decisiones de política pública que pueden afectar el ambiente. Es así que ejemplifica: “Este principio -que en nuestra región está plasmado fielmente en el reciente Acuerdo de Escazú-, plantea que se debe garantizar el acceso del público a la información, a los procesos de toma de decisión y a la justicia con relación a temas ambientales. Este es un principio clave pues requiere “abrir” y transparentar el proceso de política pública, facilitando y promoviendo la participación de actores, voces y perspectivas que de otra manera podrían no ser considerados adecuadamente en las decisiones de políticas que afectan el ambiente”.

 

Implementación y los miedos al retroceso

 Ahora bien… ¿qué sucede cuando estas políticas no logran penetrar en la sociedad? Se produce un retroceso. Anabela Aldaz, Consultora de Sostenibilidad con enfoque en ambiente y género, enfatiza: “Retroceder en políticas ambientales puede tener una serie de consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo. Estas pueden evidenciarse de distinto modo. Sin mencionar casos concretos de deterioro o degradación del ambiente y de la calidad de vida que seguramente no se aprecian de forma inmediata, un retroceso regulatorio implicaría daños económicos. Aunque algunas industrias pueden beneficiarse inicialmente de la relajación de regulaciones ambientales al reducir los costos de cumplimiento, a largo plazo, los impactos negativos en la salud, en el medio ambiente y en la infraestructura pueden resultar en costos económicos significativos, incluyendo la pérdida de empleos en sectores como el turismo y la pesca”.

A su vez, agrega que retroceder en esta materia es consecuencia de una pérdida de confianza y credibilidad internacional, dañando de esta forma la reputación de un país, y afectando a relaciones diplomáticas y comerciales.

 

 

El desafío de alcanzar la continuidad

Ryan explica que la continuidad de las políticas ambientales a través de distintos gobiernos puede verse afectada por diversos factores. “Es crucial reconocer que los cambios en la administración conllevan modificaciones en las prioridades, preferencias y enfoques de política pública. El verdadero desafío radica en generar y mantener altos niveles de consenso político y social en torno a los temas ambientales, que permitan establecer una institucionalidad ambiental sólida y promover políticas ambientales con una visión a largo plazo, capaz de perdurar más allá de los ciclos electorales y los cambios de gobierno.

 

Por último, Aldaz, agrega un factor esencial para lograr la trascendencia y disminuir las posibilidades de retroceso: la educación por sobre todo, y la sensibilización pública como un derivado de ella. “Son fundamentales para generar apoyo y compromiso con las políticas ambientales a largo plazo”. Además, resalta la necesidad de fomentar la participación de las personas. “Involucrar a la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica y otros actores relevantes en el proceso de elaboración, implementación y monitoreo de políticas ambientales”.

No hay dudas de que sin un enfoque integral que combine legislación sólida, instituciones efectivas, educación pública, participación y transparencia es la clave para lograr que las políticas ambientales trasciendan las gestiones y sean efectivas a largo plazo.

Cousillas decide finalizar con un mensaje esperanzador, considerando por sobre todo que es imposible “dar un paso atrás” en lo que se ha avanzado en materia ambiental. No obstante, agrega: “Falta mucho, los temas cada vez son más grandes”. Sin embargo, los gobiernos que quieran establecer acciones en oposición se encontrarán con un muro que les imposibilitará destruir el camino recorrido.

 

Fuentes

  • Marcelo J. Cousillas, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de la República y Universidad de Montevideo, y gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay
  • Daniel Ryan, Director de la maestría en Análisis de Políticas del ITBA
  • Anabela Aldaz, Consultora de Sostenibilidad con enfoque en ambiente y género


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