¿Puede el ambiente ser un aliado de la competitividad económica?
Las políticas ambientales pueden impulsar la innovación y atraer inversiones. El desafío está en cómo se diseñan e implementan.
Por: Luisa Olivera Favretti y Juan Labat Frugoni
¿Es necesario proteger el ambiente? Probablemente haya consenso en la respuesta. Conservar los ecosistemas, reducir las emisiones de contaminantes y utilizar de forma responsable los recursos naturales constituye una obligación para garantizar el bienestar presente y futuro. ¿Proteger el ambiente puede contribuir a mejorar la competitividad de una economía? Seguramente no haya consenso en la respuesta.
Sin embargo, existe evidencia académica que responde afirmativamente. La denominada hipótesis de Porter, planteada por Porter y van der Linde (1995), sostiene que determinadas regulaciones e incentivos ambientales pueden promover la innovación empresarial, la eficiencia y nuevas oportunidades de negocio, compensando parcial o totalmente los costos de cumplimiento. Estudios posteriores, como los de Lanoie et al. (2008) y Ambec et al. (2013), encontraron evidencia favorable, aunque heterogénea, sobre la capacidad de ciertas políticas ambientales para estimular la productividad y la competitividad. La clave parece estar en los detalles del diseño y la implementación de las acciones: no hay recetas “mágicas”.
Uruguay ofrece ejemplos, aunque no libres de cuestionamientos. La matriz eléctrica, basada mayormente —y tempranamente— en fuentes renovables, es un atributo diferencial para atraer inversión extranjera. Sectores intensivos en consumo energético, como los centros de datos, o los proyectos vinculados al hidrógeno verde, valoran la disponibilidad de electricidad renovable y estable. Por otro lado, la conservación del bosque nativo y la ausencia de deforestación fortalecen el posicionamiento internacional de los productos agropecuarios uruguayos en mercados donde los consumidores exigen cada vez más garantías ambientales.

Estos ejemplos ponen de relieve la importancia de anticiparse y sostener las políticas en el tiempo. Las medidas para proteger el bosque nativo se encuentran en la Ley “Forestal” de 1987 —seguramente hay referencias anteriores— y el inicio de la transformación de la matriz eléctrica se asocia con la aprobación multipartidaria de la Política Energética en 2010 —aunque podría considerarse la instalación de centrales hidroeléctricas en la década de 1980—.
Diseñar e implementar políticas públicas es complejo. Diseñar e implementar políticas ambientales que cumplan con su objetivo central y, a su vez, atraigan inversiones y fortalezcan la competitividad de una economía es aún más complejo. Pero es posible y, a nuestro entender, eso es lo importante.