Género y justicia climática: un enfoque para el 2025
El cambio climático profundiza las desigualdades y expone, con especial crudeza, las brechas de género.
Por: Anabela Aldaz
El cambio climático no es neutral en términos de género. Sus impactos afectan de manera desproporcionada a las mujeres, en particular a aquellas que habitan en comunidades vulnerables, y que enfrentan mayores barreras para acceder a recursos, participar en la toma de decisiones, y recuperarse de los desastres ambientales. En este contexto, la justicia climática, con perspectiva de género, es una condición indispensable para construir sociedades más equitativas y resilientes.
Las mujeres no son solo víctimas del cambio climático, sino también agentes clave en la creación de soluciones innovadoras y sostenibles. Desde la gestión del agua y la seguridad alimentaria, hasta el liderazgo en iniciativas de energía renovable, y conservación de ecosistemas. Su conocimiento, y acción comunitaria, son fundamentales para la mitigación y adaptación climática. Sin embargo, la falta de acceso equitativo a financiamiento, tecnología, y espacios de decisión sigue limitando su potencial transformador.
En este marco, el Acuerdo de Escazú se presenta como una herramienta fundamental. Este primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Su implementación con perspectiva de género es clave para evitar retrocesos y asegurar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos ambientales.
El pilar de acceso a la justicia que establece el Acuerdo de Escazú es particularmente relevante. En muchos países de la región, las defensoras ambientales enfrentan amenazas, violencia y criminalización cuando denuncian violaciones a sus derechos. Garantizar su protección y asegurar mecanismos efectivos que permitan su participación real en la toma de decisiones es una deuda pendiente que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda climática del 2025.
En Uruguay, el Ministerio de Ambiente ha venido avanzando en la actualización del Plan de Acción en Género y Cambio Climático, promoviendo espacios de diálogo en territorio que fortalecen la participación activa de actores locales e incorporan sus aportes. Este trabajo en terreno resulta clave para asegurar que las políticas climáticas respondan de manera efectiva a las realidades de quienes están en la primera línea frente al cambio climático, y para garantizar que las soluciones sean inclusivas y adaptadas a sus necesidades.
Es urgente que gobiernos, sector privado y sociedad civil trabajen en conjunto, para integrar la perspectiva de género en todas las dimensiones de la política climática, garantizando la inclusión de las mujeres en cada nivel de planificación y acción. La transición hacia economías sostenibles debe ser justa, inclusiva, y sin dejar a nadie atrás. Implementar el Acuerdo de Escazú con enfoque de género no solo es una obligación ética y de derechos humanos, sino también una estrategia indispensable para fortalecer la resiliencia climática y asegurar un futuro sostenible para todas y todos.