Medir, transparentar datos y trabajar de manera colaborativa son aspectos determinantes para hacer visible el impacto ambiental y para tomar conciencia de que el camino hacia la sustentabilidad es responsabilidad de todos.

Por Sofía Muratore

“Estoy decepcionado con los resultados de la COP25. La comunidad internacional perdió una importante oportunidad de mostrar mayor ambición en mitigación, adaptación y financiación para combatir la crisis climática. Pero no nos daremos por vencidos. Y yo no me daré por vencido”, expresó el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en la COP25 de Madrid del año pasado.

El descontento de Guterres hacía alusión a que los países no habían logrado alcanzar los objetivos deseados, específicamente lo contemplado en el artículo 6 del Acuerdo de París, que establece la regulación de los mercados de carbono y promueve una mayor cooperación entre países. Tal como dijo en aquel evento la ministra de Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, esto “demuestra una falta con el planeta”. No obstante, y luego de largas horas de discusión, se redobló la apuesta y se proclamó un acuerdo más ambicioso, que incluso dejaría a ciertos países afuera. Esto significaba, entonces, seguir trabajando en pos del Acuerdo de París, que compromete a los países a evitar que la temperatura media del planeta aumente por encima de 1.5 grados.

A pesar del consenso, solo 84 naciones (entre ellas Alemania, Francia, España y Reino Unido) se habían comprometido a presentar planes más contundentes para la cumbre del clima COP26 en Glasgow -que debido a la pandemia debió posponerse hasta 2021-. Pero, ¿qué significa presentar planes contundentes? Para poder crear políticas públicas que respondan a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, es necesario que los gobiernos midan el impacto ambiental de sus acciones, como así también, informen a la ciudadanía sobre la situación actual.

Ocho meses después del último acuerdo, y en medio de una pandemia mundial, impera la necesidad de trabajar por una economía más verde. Pero quedó demostrado que tal objetivo, ambicioso sin dudas, no puede adjudicarse íntegramente a lo público, ni a los objetivos del departamento de responsabilidad social de una empresa; ni tampoco puede ser un análisis aislado del tercer sector. El trabajo coordinado de los tres sectores y la evaluación de las acciones son esenciales para comprender y mejorar el estado ambiental de los países.

Gabriel Griffa, especialista en comunicación sostenible y fundador de Sosteniblepedia, afirma: “Rendición de cuentas significa colocar la información en la vitrina pública para que la sociedad pueda revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar si se detectan anomalías”. En efecto, Griffa señala que para mejorar la rendición de cuentas de las instituciones del sector público, privado y social, es necesario que se establezcan ciertas condiciones.

“En primer medida, es necesario que las empresas, ONGs y, muy especialmente, los órganos del Estado, pongan la información a disposición de la ciudadanía. En segunda instancia, es importante la homogeneización del proceso de rendición de cuentas, es decir, la información no debe ser manipulada. Pero, no por ello hay que dejar de mejorar la organización, la clasificación y manejo de los documentos; visto que el fin último es que la ciudadanía tenga acceso”.

Este último punto no es un dato menor. De hecho, es esencial para generar cambios y motivar a la acción. Emanuel Ayala, coordinador del equipo técnico de la Red de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) de Argentina, destaca: “Es la ciudadanía quien debe exigir a las empresas y el Estado que se muestre esta información”.

La RAMCC es una coalición de 217 municipios argentinos que, junto a una secretaría ejecutiva, coordina y promueve planes estratégicos para hacer frente al cambio climático. Su compromiso con la acción climática está enmarcado en los objetivos del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM por su siglas en inglés). El GCoM, a su vez, reúne tres aspectos de la acción climática: la mitigación del cambio climático, la adaptación a los efectos adversos y el acceso universal a energía segura, limpia y asequible.

Ayala señala que, como parte de la promoción de la rendición de cuentas, desde RAMCC consideran este aspecto “desde el minuto cero de la planificación”. A su vez, destaca que toda información utilizada para los informes que elaboran “debe ser oficial, certificada y demostrada con pruebas fehacientes”. Por último, considera que hablar de indicadores económicos a la hora de jactarse del desarrollo de un país es casi obsoleto. “Hoy en día hablamos de evaluación de riesgo, efecto invernadero, huellas de carbono. Tampoco está bien visto mostrarlo sólo al finalizar un proyecto, sino que es importante reflejar avances. Por sobre todo, hay que incluir diversos sectores: el vecino te exige respuestas y colaboración, y debemos dárselas”, indica.

Ignacio Lorenzo, docente de la Universidad de la República, Director del Cambio Climático del Gobierno de Uruguay entre 2016 y 2020, no duda en afirmar la importancia de la acción del Estado: “El gobierno tiene la obligación de promover la transparencia y la información. Pero, existen plataformas para que las empresas y organizaciones de la sociedad civil también puedan rendir cuentas de sus acciones. De hecho, grandes corporaciones no solo informan sus estados financieros, sino también acciones sobre mitigación de cambio climático”, comenta el especialista. A su vez, declara que varios fondos de inversión suelen apostar a empresas con una mayor responsabilidad tanto desde la producción, como en función de la apertura de datos en materia ambiental.

“Los gobiernos nacionales vienen generando inventarios de efecto invernadero desde hace más de 20 años. Cada país presenta informes, anualmente o cuando cierra su gestión, dependiendo del país. Esto se puede hacer a escala municipal, provincial y nacional”, menciona Nadia Mengulli, especialista en Huella de Carbono y Responsabilidad Social Empresaria en Seamos Bosques, una organización que se encarga de medir las huellas de carbono en las corporaciones.

La ejecutiva reflexiona sobre cómo los indicadores exclusivamente económicos son cuestiones del pasado: “El PBI no es un reflejo del estado de desarrollo de un país, existe una multitud de indicadores para tener una fotografía más completa de un Estado”, destaca. “Hay muchos indicadores que toman lo ambiental y lo social, y dejan de lado esa visión arcaica de que el crecimiento económico es lo único valioso”, agrega.

Lorenzo, por su lado, asume que la apertura de datos no debe ser solo para mostrar cuando esté finalizado el proyecto, sino a lo largo de su evolución. Destaca la importancia de tener matrices de indicadores y seguimientos. “Todos deben ser públicos porque esto aporta un valor agregado a las organizaciones: la confianza”, señala.

Asimismo, Mengulli está convencida de que estamos en camino a un gran cambio: “Las democracias están evolucionando y cada vez nos dirigimos hacia un gobierno más abierto y colaborativo, en el que no solo se invita a organizaciones del tercer sector y empresas privadas a participar, sino también al ciudadano”.

Sin embargo, tal como arremete Griffa, las empresas multinacionales son la vanguardia: “Están alineadas con las tendencias mundiales. Son capaces de autorregularse y legitimar su trabajo. Por eso, para que los gobiernos logren una economía de triple impacto (triple bottom line: económica, ambiental y social), no se puede trabajar de forma aislada sino que el trabajo debe ser conjunto”. El especialista, además, atribuye la importancia de una mirada sistémica: “Se debe pensar en la diversidad, y no en una única dimensión”.

Por estos motivos, Lorenzo trae un nuevo actor a la mesa: la academia. Entonces, alude a la importancia de que las organizaciones expongan sus datos a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar más investigaciones y dar respuesta a los problemas comunes. “Transparentar no es una obligación, sino una herramienta esencial para reivindicar la importancia del trabajo colaborativo en la creación de productos, servicios, o políticas públicas”, dice.

Con este último concepto, se abre un dilema: ¿Quién toma la responsabilidad de afianzar este nuevo modelo económico y con ello la necesidad de transparentar datos “verdes”? Mengulli reivindica: “En cuestiones ambientales, se ha demostrado que todos somos responsables. Obviamente no tenemos el mismo accionar, pero todos somos iguales”.

Por último, la representante de Seamos Bosques concuerda con lo esbozado por los demás especialistas: “Creo que hay un gran interés de los individuos por saber qué hacen los gobiernos con respecto a la cuestión del cambio climático o del ambiente en general. Y también una gran necesidad de saber cuál es el impacto que tienen las empresas. Uno quiere elegir cuál es la empresa de mayor impacto posible y si estas no lo muestran, difícilmente se pueda tomar esa decisión”.

Dar visibilidad a un tema que -quizás- siempre estuvo latente, hoy cobra mayor importancia. Aunque frecuentemente pasa a un segundo plano, llegó la hora de un nuevo acuerdo. Estamos ante la última oportunidad para evitar un daño irreparable a nuestro planeta y este nuevo pacto nos permitirá emerger victoriosos. La pandemia nos dejó muy claro que es hora de actuar. Es la ciudadanía quien lo exige, es el consumidor quien lo reclama. El “vecino” pide acceso a la información, porque sin datos no se puede decidir. Rendir cuentas no es una tarea más a cumplir: es un deber y un compromiso con la sociedad.

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