El derecho al cuidado en tiempos de crisis climática
Frente a la crisis climática, el cuidado no puede seguir siendo invisible ni informal. Reconocerlo como un derecho y una infraestructura esencial es clave para construir resiliencia con justicia de género.
Por: Anabela Aldaz
La crisis climática y la crisis de cuidados son dos caras de una misma moneda. Cuando ocurre una inundación, una ola de calor o un incendio forestal, ¿quién garantiza la continuidad del cuidado? En su mayoría, las mujeres.
La histórica sobrecarga de tareas de cuidado recae aún con más fuerza en contextos de emergencia ambiental, profundizando desigualdades preexistentes. Sin políticas públicas que reconozcan, valoren y redistribuyan el cuidado, no es posible hablar de resiliencia.
El derecho al cuidado debe ocupar un lugar central en las estrategias de adaptación climática. Esto implica desarrollar infraestructuras comunitarias resilientes —como centros de cuidados integrales—, invertir en servicios públicos y promover políticas laborales que permitan conciliar la vida personal, ambiental y productiva.
Uruguay ha dado pasos importantes en esta dirección con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que puede fortalecerse también como una herramienta climática. Porque cuidar es, en definitiva, una forma de sostener la vida frente a la crisis ambiental.
Las mujeres suelen ser las primeras en responder ante situaciones de desastre, brindando contención emocional y física a quienes las rodean. Sin embargo, rara vez se las reconoce como actoras clave en las estrategias de adaptación y mitigación. Esta invisibilización impide aprovechar el conocimiento local y la experiencia concreta que muchas mujeres tienen para enfrentar los efectos del cambio climático desde los territorios.
Por eso, las políticas climáticas deben incorporar una mirada interseccional del cuidado, reconociendo cómo género, pobreza, edad o condición migrante se entrelazan para aumentar la vulnerabilidad tanto de quienes cuidan como de quienes necesitan cuidados. No se trata solo de proteger a las personas cuidadoras, sino de garantizar sistemas que hagan posible sostener la vida con dignidad en un contexto de creciente presión ambiental.
Revalorizar el cuidado como infraestructura esencial, invertir en comunidades resilientes y asegurar derechos laborales con perspectiva de género son pasos urgentes frente a los desafíos del siglo XXI. Si el cambio climático redefine las condiciones de vida, también debe redefinir las prioridades de nuestras políticas. Y entre esas prioridades, el cuidado —entendido como trabajo, como derecho y como política pública— debe ocupar un lugar central.